La nueva Ley de Alquileres fue sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020, tras años de lucha y organización colectivas a nivel de la sociedad civil. Esta Ley crea el Programa Nacional de Alquiler Social.
“La Ley Nacional de Alquileres significa un avance sustantivo en la discusión sobre el derecho a la vivienda, y garantiza una ampliación de derechos para más de 9 millones de personas que alquilan en nuestro país”, manifestaron desde HABITAR Argentina, colectivo federal que actuó como uno de los impulsores de la iniciativa, y en el que Madre Tierra es protagonista. Cabe recordar que la flamante ley tiene como base un proyecto presentado por la Federación Nacional de Inquilinos, votado en el Senado por unanimidad en noviembre de 2016. Desde HABITAR se trabajó para lograr un nuevo impulso en el Congreso, ya que el proyecto que había obtenido media sanción perdió estado parlamentario en 2018.
Reglamentación:
Tras la sanción parlamentaria, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.551 el 30 de junio. “La nueva Ley de Alquileres corona un largo proceso de debates y construcción de consensos, sostenido por las organizaciones del sector”, destacó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, en una nota realizada por Madre Tierra en su ciclo como pensamos el habita
En la publicación de la normativa en el Boletín Oficial, el título tercero está abocado al programa de Alquiler Social. El artículo 17 de la propuesta reza: “Créase el programa nacional de alquiler social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”.
Destinatarios del Programa Nacional de Alquiler Social
Programa nacional de alquiler social tendrá la misión (y el desafío) de facilitar el acceso al alquiler a personas en situación de violencia de género, jubilados, pensionados, titulaciones de prestación por desempleo y todas aquellas personas que se hallen en una situación de vulnerabilidad.
El inciso H aborda una cuestión clave, al establecer la obligación estatal de “apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, siempre que el destino de la locación sea el de vivienda familiar única”.
Desde Madre Tierra dialogamos con Facundo Di Filippo, integrante de HABITAR Argentina y del Centro de Acción por la Igualdad, para conocer en detalle en qué consiste la iniciativa y qué cambios traerá aparejados en el siempre complejo universo del alquiler: “El programa de alquiler social habilita al Estado a generar diversas herramientas para promover el alquiler. Debería mejorar la oferta de vivienda en alquiler”.
El representante de HABITAR Argentina mencionó asimismo varios de los instrumentos más destacados contemplados dentro del Programa nacional de alquiler social: “Prevé generar subsidios para familias para afrontar el pago de alquileres, entregar créditos blandos, generar herramientas para combatir la violencia de género y articular con ANSES para que jubilados y pensionados accedan al alquiler. Por otra parte, contempla la creación de un seguro obligatorio que cubra los alquileres por falta de pago, y la generación de alternativas para allanar conflictos entre locadores y locatarios”.
“El programa de alquiler social está claramente dirigido a las personas que tienen más dificultades de acceder a una mejora habitacional transitoria como es el alquiler. Se estima que una franja importante de los 9 millones de inquilinos que hay en nuestro país requieren contar con un respaldo estatal para poder seguir garantizando su techo”, aseguró el activista.
El Alquiler Social en villas y asentamientos
En diálogo con Madre Tierra, Facundo Di Filippo amplió la mirada a otros aportes posibles del Programa nacional de alquiler social: “Entendemos que desde este programa se puede abordar una problemática muy grande, como es el alquiler informal en villas y asentamientos. Allí los abusos son enormes y no hay ningún ente estatal que regule”.
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