En Madre Tierra celebramos cuando en 2020 se sancionó la Ley 27.551. Esta Ley de Alquileres creaba el Programa Nacional de Alquiler Social. Pero a 2022 el Programa de Alquiler Social sigue sin implementarse. Han pasado dos años de la pandemia, tiempo en el que fue más clave que nunca la puesta en marcha de programas como este.
Retomando las bases
En 2020 les contábamos que: el Programa Nacional de Alquiler Social tendría la misión (y el desafío) de facilitar el acceso al alquiler a personas en situación de violencia de género, jubilados, pensionados, titulaciones de prestación por desempleo y todas aquellas personas que se hallen en una situación de vulnerabilidad.
Se establecía que el Estado tenía la obligación de apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler. Pueden leer más en: https://madretierra.org.ar/2020/08/03/programa-nacional-de-alquiler-social/
Hoy, es todo desafío. La obligatoriedad de la ley sigue en pausa y la vulnerabilidad apremia.
Un reconto a 2022
A un año de creada la ley, el CELS decía que, según un nuevo relevamiento realizado en la zona del AMBA: “un importante porcentaje de quienes alquilan su vivienda están endeudades, más de la mitad alquila sin contrato o vive en malas condiciones habitacionales”.
Entonces repasemos, ¿cuáles son los deberes de La Secretaría de Vivienda?
- considerar especialmente a las personas en situación de violencia de género, a las personas adultas mayores y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad;
- promover la regulación de entidades que otorguen garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas;
- propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos para facilitar el acceso al alquiler de viviendas;
- diseñar mecanismos para ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda;
- trabajar junto con la ANSES para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y titulares de la prestación por desempleo;
- apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos para alquilar una vivienda familiar única;
- promover la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble;
- generar alternativas para la resolución de conflictos entre locador y locatario.
Sin embargo, continúan pasando los años y los salarios quedan más y más relegados. Y pagar un alquiler implica cada vez porciones más grandes de los ingresos. Entre los sectores vulnerables, alquilar significa no poder proyectar sus vidas en el futuro ante la inestabilidad de no saber si se llegará a fin de mes o a cumplir el contrato. Significa endeudarse para poder mantener un hogar. Significa alquilar con requisitos ilegales, arbitrarios e injustos. Y muchas veces también significa alquilar sin contrato y con la inestabilidad que esto proyecta.
Entonces, ¿cómo se sigue?
El desafío hacia delante es poner en marcha mecanismos para fiscalizar el cumplimiento del Programa Nacional de Alquiler Social. Como explicita HABITAR: “el Congreso debe proteger a les inquilines del fracaso del Estado en hacer cumplir la ley de alquileres”. Es así, es urgente y necesario poder avanzar en la implementación de una política pública orientada al acceso al alquiler para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, para los sectores más vulnerados.
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